*La Comisión de Salud del Congreso del Estado analiza una iniciativa de adición a la Ley de Salud presentada por la diputada Jennyfer García Lucena, a efecto de establecer que las instituciones de salud particulares presten sus servicios de manera gratuita a personas de escasos recursos económicos, en al menos un cinco por ciento de su capacidad de atención.*
En la propuesta, la diputada integrante del Grupo Parlamentario del PRD expone que el derecho a la salud es uno de los principales derechos humanos, elevado a rango constitucional desde 1983, para obligar a la Federación y los estados a garantizar el disfrute de este servicio de asistencia social.
Agregó que es un gran avance que el Estado haya creado leyes en materia de salud y tomado medidas para velar por que los habitantes tengan un acceso real a la atención sanitaria y los servicios relacionados; sin embargo, esto no ha sido suficiente.
Y es que, puntualizó la legisladora, de acuerdo con la Medición Multidimensional de la Pobreza en México 2018–2020 realizada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el porcentaje de la población con carencia de acceso a los servicios de salud mostró un aumento a nivel nacional, al pasar de 20.1 a 35.7 millones en el 2020, lo que representa un aumento de 15.6 millones de personas respecto a 2018.
La legisladora refirió que durante este periodo también se observó un mayor incremento en algunos estados, entre los que se encuentra Guerrero, al pasar de 13.8 al 33.5 por ciento, lo que significa que en Guerrero hay un número importante de personas que no tienen acceso a los servicios médicos públicos.
Refirió que una de las causas es que las personas al carecer de recursos económicos no pueden pagar servicios médicos privados, lo que tiene como consecuencia no recibir la atención de manera adecuada ya sea para ellos o para sus familias, o más aún cuando requieren de internamiento o intervenciones quirúrgicas de alto costo, dado que no pueden sufragarlos lo que provoca que su salud se vea expuesta o incluso pierdan la vida por la falta de atención médica.
García Lucena asegura que no basta con la existencia del derecho a la salud como una idea, simple expectativa o como plan de gobierno pendiente de instrumentar, sino que se debe establecer en el marco jurídico que los establecimientos particulares de internamiento deben prestar sus servicios en forma gratuita a personas de escasos recursos, hecho por el cual propone adicionar la Ley de Salud.
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